A.P.
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
C. Procurador General de la República.
Andrés Rafael Granier Melo, con la autorización de mi defensor, el señor Licenciado Eduardo Luengo Creel y por mi propio derecho, comparezco formalmente ante usted y lo hago en los siguientes términos:
Los medios de comunicación social han hecho del conocimiento del público la existencia de una averiguación previa de carácter federal en la cual, supuestamente, se investigan hechos que se me atribuyen en relación con los actos que realicé durante mi gestión como Gobernador del Estado de Tabasco durante el sexenio de 2007-2012.
En consecuencia, al comparecer formalmente ante esta institución, manifiesto categóricamente que no he cometido delito alguno en relación con los hechos que se investigan en este procedimiento. Que no instigué, ideé, realicé o encubrí acciones u omisiones que causalmente generaran un menoscabo del erario público del Estado de Tabasco o un enriquecimiento indebido de mi parte. Que no di lugar a tramas financieras o empresariales que fueran el medio para la realización de conductas perjudiciales del patrimonio público de esta entidad federativa.
Para ser consecuente, con mi declaración formal, debo señalar que fui postulado legalmente en su oportunidad por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la gubernatura del Estado de Tabasco para el periodo sexenal 2007-2012. Celebrados los comicios, la sociedad electoral tabasqueña le dio el triunfo a mi partido y en consecuencia fui proclamado vencedor en los comicios.
Posteriormente, asumí la investidura como Gobernador Constitucional de la entidad.
En este orden de ideas, es necesario señalar que en la última jornada electoral para elegir gobernador del Estado de Tabasco, el electorado fue favorable al Partido de la Revolución Democrática; por esta razón, su candidato fue declarado ganador y en consecuencia se encuentra en el ejercicio constitucional de su encargo gubernamental. Por razones históricas, teóricas, ideológicas y de práctica política, esta corporación política has representado una oposición sistemática, consistente que se expresa en acciones muy concretas y en señalamientos que considera definitivos para atacar o desprestigiar al Partido Revolucionario Institucional: esta ha sido una práctica sistemática de esta corporación política en la oposición.
El Partido de la Revolución Democrática, de acuerdo con su naturaleza y fines, tiene propósitos definidos de permanecer en el ejercicio del poder estatal en Tabasco, en perjuicio de la alternancia política. Por esta razón, de manera inmediata a la asunción del poder por parte del gobernador en turno se ha desplegado una campaña de desprestigio, descalificación que ha tenido una buena divulgación en los medios de comunicación social. A la par, se ha hecho un empleo de las instituciones y leyes penales con un ánimo persecutorio en mi perjuicio.
Por otra parte, a los acusadores e investigadores, se les escapan varios hechos cuando comparecen ante los medios de comunicación social y que confirman que yo no he realizado conductas típicas ni delictuosas. En primer lugar, de acuerdo con el orden jurídico estatal, integrado, básicamente, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política, las leyes orgánicas, ordinarias y reglamentarias, la cuenta pública en cada año de su ejercicio fue aprobada por el Honorable Congreso Local.
Segundo, en cuanto a las participaciones federales, durante mi gobierno, como es un hecho notorio, se vivieron catástrofes provocadas por fenómenos naturales que no tenían precedentes históricos; que en estas situaciones, consideradas por el derecho como casos fortuitos o fuerzas mayores, los fondos de origen federal son suministrados, vigilados, controlados, en cuanto a su origen y destino por las autoridades para evitar desvíos, actos de corrupción o enriquecimientos indebidos por parte de servidores públicos estatales o federales.
Es conveniente destacar que de acuerdo con el ambiente penal democrático como el que se desarrolla actualmente en el país, las autoridades del Estado Mexicano tienen como un deber elemental el de impedir el desarrollo de un juicio paralelo porque éste afecta los Derechos Humanos del gobernado.
Por otra parte, no debe perderse de vista que respecto de las atribuciones que se me formulan todos los actos que realicé como gobernador estaban sujetos –como suprema expresión de un Estado de Derecho- a los controles difuso, convencional y constitucional que impiden laarbitrariedad, la injusticia y la inmoralidad pública.
Por lo expuesto; A usted C. Procurador General de la República, le pido atentamente se sirva:
Primero.- Tenerme por presentado formalmente para comparecer en la averiguación previa que se sigue y que he mencionado en el rubro de este escrito.
Segundo.- Tener por formulada mi declaración en orden a mis Derechos Humanos y constitucionales con las formalidades que son exigibles para quien es titular del derechouniversal del reconocimiento a su inocencia.
Tercero.- Tener por hechas las anteriores manifestaciones para los efectos legales conducentes.
Espero se proveerá de conformidad.
México, Distrito Federal, a trece de junio de dos mil trece.
0 comentarios:
Publicar un comentario