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domingo, 17 de febrero de 2013
Cifras negras en México, El Congreso Malinchista, y el “Estado Colapsado”
12:38
Cámara de Diputados, delito., delitos, derecho mexicano, derechos humanos, derechos humanos., Oaxaca, Oaxaca de Júarez, PAN, PAN PRD, Senados
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Uno
de los fines más importantes del Estado es la protección de la integridad
personal de sus habitantes, sin embargo, México ha incumplido totalmente esta
obligación, en nuestro país la inseguridad está presente en cada esquina del
país
El
sistema mexicano de justicia está caduco, la población mexicana enfrenta
índices históricos de crimen y violencia.
Según los números del Centro de Investigación y
Desarrollo, A.C (CIDAC), del 100% de delios cometidos, 20 % de esos llegan a
ser investigados, de estos delitos denunciados, 9 % llegan a un juez y
solamente 1% llegan a ser castigados, estas cifras representan que la
administración de justicia en México está por los suelos, la corrupción que
invade a las instituciones hace que la población no crea en sus fines y esto
nos lleva a un punto importante, sobre la falta de denuncia por parte de la
población.
El
porcentaje de delitos que no se denuncian (cifras negras), el promedio
nacional es del 83 % de los delitos cometidos, es decir de 100 delitos que se
cometen 80 no llegan a ser denunciados a la autoridad competente, Oaxaca es el
Estado que encabeza esta lista con un porcentaje del 92.2 % , seguido por
Michoacán con un 91.1 %, y en tercer lugar se encuentra Chiapas con 90.7 %, el
Estado con el menor índice de cifras negras es Tamaulipas con 68.2%, estas
cifras reflejan la desconfianza que la población civil tiene a las autoridades
que imparten la justicia. Los habitantes de México, comentan que a pesar que
realicen sus denuncias, los “delincuentes” tienen convenios con la autoridad, y
de esta manera se libran de la justicia de las leyes.
En
relación de lo anterior, según los datos del Centro de Investigación y
Desarrollo, establece las siguientes causas por las que la población no
denuncia:
Desconfianza
a la autoridad.
Por
actitud hostil de la autoridad.
Por
miedo al agresor.
Por
miedo a que lo extorsionaran.
Tramites
largos y difíciles.
Los
hechos violentos que suceden a lo largo del país, es muestra que el Estado no
garantiza su obligación de protección, uno de los casos más relevantes en los
últimos días, es la violación de ciudadanas españolas y una mexicana en Acapulco, lo que abrió una polémica que
llegó a las cúpulas legislativas, en donde el Senado se pronuncio y exigió la “adecuada”
atención para estas turistas españolas.
En
México cada cuatro minutos una mujer es violada según los datos de la
Secretaria de Salud, de esta manera la exigencia por parte del Senado es una
falta de respeto para todas aquellas mujeres que han sido sometidas a este tipo
de delito en el territorio nacional, por el simple hecho de no ser europeas, no
se les administró una justicia rápida y expedita.
En
el mismo Estado de Guerrero han comenzado a surgir movimientos sociales
denominados como “policías civiles”, los habitantes se han organizado para
poder proteger sus comunidades de ciertos grupos criminales.
Algunas
posturas señalan que estas agrupaciones de ciudadanos van en contra de las
leyes, otros señalan que es una derecho protegido por la Constitución, sin embargo
la creación de este tipo de “policías”, es el reflejo de la inseguridad que
vive el país, las corporaciones policíacas no otorgan la seguridad a la
población, y la única manera de poder defenderse de grupos criminales, es a través
de la creación de este tipo de “policías”,
mencionan así los pobladores de estas comunidades.
¿Se
puede hablar de un “Estado Fallido” en México?
La realidad
muestra un conjunto de instituciones al borde del colapso, junto a este se
añade la falta de credibilidad de la población a las mismas, las contantes violaciones a los derechos humanos a los habitantes del país por las
corporaciones policíacas y en casos la fuerza militar, la falta de aplicación
de la ley, y la constante impunidad en la aplicación de la justicia, hace
pensar que México se encuentra al borde de un colapso social.
El concepto de “Estado
Fallido”, significa la negligencia del Estado para asegurar su función principal,
como lo define Max Weber; “tener el monopolio legítimo de la violencia política”.
“Estado Fallido”, contempla diferentes suceso políticos,
ya sean guerras civiles, inoperancia absoluta del gobierno, guerras con el
exterior, existencias de guerrillas que disputan el control territorial y la
ausencia absoluta del Estado de derecho.
William Easterly y Laura Freschi realizan una crítica al
concepto de “Estado Fallido”, mencionan que este término es confuso, no ha
producido alguna investigación relevante en economía política, no tiene
concepto definido y el único concepto coherente no aporta nada para entender la
conducta del Estado.
Sin embargo México no se encuentra
catalogado como “Estado Fallido”, en el índice de Fund for Peace sobre Estados
fallidos esta en el lugar 98 de 177 países, considerado en “Estado en emergencia medio”, con un puntaje de 73.6 de 120.
La realidad y la estadística es
diferente, y México podría fácilmente acomodarse dentro la rama de “Estado
Colapsado”, la definición de “Estado Colapsado” contempla las siguientes características
, no pueden mantener el monopolio legitimo de la fuerza y no exista un nivel de
funciones del Estado para el ciudadano, como lo es promover la identidad jurídica,
seguridad física.
La falta de aplicación de la ley, la
violación de derechos humanos en el territorio nacional, muertes, una
democracia dudosa, es el pan de cada día en México, y ni con cualquier cambio de gobierno, parece
que se resuelva.
La corrupción que se ha arraigado a las
instituciones mexicanas, es la causa de la creación de este “Estado Colapsado”,
en donde los mexicanos y los habitantes del territorio nacional son las únicas víctimas
de esta negligencia del Estado Mexicano.
lunes, 26 de noviembre de 2012
El "sitio" a San Lázaro viola derechos humanos de los habitantes.
19:31
AMLO, Congreso, delitos, Diputados, EPN, Felipe Calderón, Humberto Moreira, México, Oaxaca, Senados
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Hoy
en la mañana las instalaciones de “San Lázaro”, amanecieron blindadas por
elementos del Elementos del Estado Mayor Presidencial ( EMP) , impidiendo el libre tránsito de transeúntes.
Esta
escena recuerda a lo sucedido hace aproximadamente seis años, en el año 2006
ante la toma de posesión de Felipe Calderón, se realizaron los mismos
dispositivos de seguridad.
Estas
medidas de “seguridad” se establecieron, en precaución de las protestas que se
esperan para el primero de diciembre, fecha en la que Enrique Peña Nieto, tomara posesión como Presidente Constitucional.
Las protestas que se esperan el día de la toma de posesión son las que realizaran; el movimiento #Yosoy132, estos pretenden llegar lo más cerca de la Cámara de Diputados, de igual manera se realizaran las protestas por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, los anteriores realizaran protestas en el Ángel de la Independencia, otras fuentes dan como lugar de concentración el Monumento a la Revolución.
Sin
embargo esto “blindaje” que se realiza a San Lázaro, no solo afectara a los
automovilistas, de igual manera a los usuarios del metro se verán afectaos por
este operativo, desde el inicio de semana se suspendió el servicio en las
estaciones: Santa Anita (línea 4 y 8), Jamaica ( línea 4 y 9), Fray Servando
(línea 4), Candelaria (línea 1 y 4), y La Merced del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro, las cuales reabrirán el 1 de diciembre por la tarde.
En respuesta de estos operativos, los ciudadanos han
comentado que es una seña de lo que se espera en los próximos seis años, el acto de sitiar la Cámara de Diputados, que en teoría representa a los mexicanos, esta no tenga
acceso a los ciudadanos en la toma de un presidente elegido “ democráticamente”, representa la forma de delimitar a un "Rey", de sus súbditos.
Ademas que la anterior disposición viola los derechos humanos de las personas que viven cerca de los operativos, ya que como señalan los vecinos, los habitantes de las regiones cercanas al "sitio", debe de reportar a donde salen y si entran deben de demostrar que efectivamente son habitantes del lugar.
Para ingresar al lugar es necesario que los habitantes muestren su credencial de elector, y de igual manera si son dueños de algún automovil, estos deben de ser registrados.
Es evidente la violación de derechos humanos, ya que la Constitución Mexicana en su artículo once, establece el derecho de "libre transito", al respecto hace mención: " Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes."
El anterior derecho humano solamente puede ser suspendido en las hipótesis que plantea el artículo 29 Constitucional: " En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado".
De esta manera el sitio que se realiza, pero de mayor importancia la limitación que se les realiza a los habitantes cercanos al "blindaje" de la Cámara de Diputados, representa un acto inconstitucional por parte de las autoridades.
Otros puntos de vistas reflejan que la supuesta “imposición”
del Presidente Electo, se refleja en las medidas de seguridad tomadas en el
anterior operativo, y que a través de este acto se quiere consumar la supuesta
“imposición”.
Si bien el sitio por parte de elementos policíacos y
militares que realizan a la Cámara de Diputados, sería un estado de excepción,
“un fuera de la ley, dentro de la ley”.
La barrera que se establece entre la toma de posesión de Peña
Nieto y el pueblo es un reflejo de cómo podría desarrollarse el mandato del
priista, el menosprecio a los diferentes puntos de vista es palpable en esta
acción “fascista”, ya que como tal establecer como primer acto de gobierno
establecer una barrera en donde solo la copula de la administración estaría presente.
La idea que predomina en la sociedad mexicana, es que en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, se beneficiara a la industria privada, dejando
a un lado en si los beneficios sociales que se han establecido a lo largo de la
historia en México.
Lo cierto, es que este acto representó para muchos mexicanos,
un acto “fascista”, un acto que predominara en el gobierno del futuro
mandatario, en donde la libertad de pensamiento va estar coaccionadas por las
antiguas prácticas del priismo.
De igual manera la demanda realizada por “Daño Moral”, por
parte de Humberto Moreira a periodistas y diferentes medios de comunicación, quienes
según el demandante, estos crearon un perjuicio a su buen nombre, y de igual
manera a la memoria de su hijo, a partir de de estas demandas, los comentarios
salieron dentro de los diferentes medios de comunicación. Uno de los demandados
es el Periodista Pedro Ferriz, el cual contesto a las demandas: “¿Me vas a
demandar? Órale, éntrale, te espero…Quiero que le entres como que pudiera ser
que seas, un hombrecito… ¡Eres un ratero!
Estamos a cuatro días del cambio de gobierno, para algunos
representa una esperanza, sin embargo para otros es el regreso de un reptil con
setenta años de historia.















