Prisión escolar “3 es-tres”, por Enrique Puente Gallangos

Donald W. Winnicott señala que la mayoría de nosotros podemos decir: “Nuestros padres cometieron errores, nos frustraron constantemente y les tocó en suerte introducirnos en el principio de realidad, archienemigo de la espontaneidad, la creatividad y el sentido de lo real, pero nunca realmente nos dejaron caer”. En este “dejar caer” dice Winnicott está “lo que constituye la base de la tendencia antisocial”.

Los que trabajamos en la escena educativa, sabemos lo complejo de la actividad educativa; sabemos que en esta escena se encuentran la escuela, la familia, el Estado, el entorno socio-político-económico-cultural y en el centro el supuesto sujeto. Sujeto niño-adolescente. En esta tercera aproximación de la “Prisión escolar”, significante repetido en el discurso de una niña en la escuela  primaria y secundaria, nos convoca a la repetición del significante. Hoy que esta niña se encuentra iniciando sus estudios de preparatoria. Niña que hoy es adolescente, que muestra y es muestra del sentir del  niño-adolescente que se encuentra en la “Prisión escolar”.

Este significante que se repite nos mueve a preguntarnos desde la escuela si estamos preparados en las escuelas para no dejar caer a estos niños-adolescentes, ¿existen profesionales en la escuela para brindar la ayuda que se demanda?, ¿podemos interpretar la conducta antisocial del adolescente, como demanda de ayuda?

El número “3” nos remite a tres instituciones: la familia, el Estado y la escuela. La palabra “es-tres” nos remite a los síntomas provocados por la acción y omisión del “3” en el niño-adolescente. Tal vez hoy no podamos contestar estas “3” preguntas que generan “es-tres” en los educadores y en los adolescentes; ya que haremos un giro hacia el significante en común que une a la familia, el estado y la escuela: El significante que “sostiene”.

La familia como sostén del adolescente, el Estado como sostén de la familia y la escuela como sostén de lo que la familia y el Estado no sostienen en el adolescente. Digamos las cosas más claras: la falla del Estado como sostén de la familia, la falla de la familia como sostén del adolescente. Es ante lo que fracasa, a lo que nos enfrentamos los educadores. La hipótesis que hoy sostenemos es que: eso que falla es la base de la tendencia antisocial en el adolescente.

El Estado intenta sostener a la familia con un “salario mínimo” y fracasa, la familia intenta sostener al adolecente con un “mínimo de atención” y fracasa. La escuela intenta sostener lo que falla y fracasa sin un “mínimo de sentido común”. Mínimos que no sostienen, mínimos que llevan al fracaso, adolecentes sin un mínimo que los sostenga, adolecentes que fallan, escuela que fracasa, familia que falla, Estado que fracasa. Desdemocratización Estatal, deserción escolar, desintegración familiar son los síntomas de lo que falla, fracasa y no  sostiene.

Si los que nos gobiernan no procuran un entorno sano para la familia, los padres no podrán brindar un entorno sano para sus hijos; luego entonces, los que educamos no podemos brindar gobernantes sanos. No dejemos caer a los niños-adolescentes.

Enrique Puente Gallangos es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional, Maestro en Psicoanálisis, Especialista en Psicoanálisis para Niños y Adolecentes y Master en Psicoanálisis y Prácticas Socio-educativas en FLACSO Virtual Argentina. Estudia el Doctorado en Derecho en CIJUREP, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es además catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

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Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a las funciones policiales del Ejército Mexicano.

Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.

Actualmente, en México se encuentran las fuerzas armadas patrullando las calles de las principales ciudades del país. Las quejas contra el Ejército mexicano por violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en el sexenio del Gobierno de Felipe Calderón. Lo anterior tiene lugar en el marco de un incremento drástico del uso del Ejército para el combate al narcotráfico (véase,  http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp).

Haciendo una reseña histórica breve, en 1995 las Secretarías de la Defensa y de la Marina se integraron al Consejo Nacional de Seguridad Pública, tras la aprobación de las Bases de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello el Gobierno dio un paso decisivo hacia la militarización del país; a partir de ese momento los altos mandos castrenses contarían con un marco jurídico a modo para hacer valer su voz en las decisiones de Estado relacionadas con la seguridad, entendida ésta como una peculiar confusión entre la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior.

La política del sexenio de Zedillo en la materia lo representó la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), cuyo mando fue asumido por un militar en activo, quien incorporó más de 5000 elementos castrenses a ese cuerpo civil en una de las primeras medidas de su gestión. En aquel tiempo se insistía en que el Ejército sería la respuesta frente a la creciente degradación de las instituciones civiles de seguridad y de procuración y administración de justicia.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en relación a las actividades del Ejercito en materia de seguridad pública, estableciendo que

La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. (Las tesis jurisprudenciales relacionadas con dicha acción pueden ser consultadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 2000).

Cabe recordar que dentro del sexenio de 2000- 2006 se presentaron diversos escándalos que concluyeron en procesos penales en contra de distintos militares por su colaboración con el narcotráfico. Uno de los más actos de corrupción más sonados fue el que se publicó el 14 de octubre de 2002, cuando el General Clemente Vega entonces Secretario de la Defensa Nacional, anunció la desarticulación del 65º batallón de infantería, compuesto por unos 600 miembros del ejército, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, dado que éstos, se les relacionaba con el tráfico de drogas en el país.

            Aún a pesar de esto, el Gobierno de Felipe Calderón profundizó esta tendencia en el contexto de búsqueda de legitimidad política que siguió a las elecciones de 2006. Los operativos no han sido la única expresión de militarización adoptados por el actual gobierno. A inicios de la administración se decretó un aumento en los salarios de los elementos castrenses; con lo que se entendió como una estrategia para la legitimación presidencial.

En ese sentido, el Ejecutivo Federal decretó el 09 de mayo de 2007 la creación de un cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Según quedó establecido en el Decreto de referencia, este nuevo grupo de élite quedaría bajo las órdenes directas del Ejecutivo Federal y sería destinado para “el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y la seguridad pública” (Véase decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, de fecha 9 de mayo de 2007).

Todo el sexenio pasado se caracterizó por la activa presencia del Ejército en tareas civiles. A la luz del marco constitucional que nos rige y teniendo en cuenta el papel histórico de las Fuerzas Armadas, nos conllevó a riesgos preocupantes y consecuencias nocivas. Algunos especialistas han observado, el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica la concesión de prebendas y prerrogativas al Ejército por parte de los gobiernos civiles, a efecto de atemperar las inconformidades que puede generar un desgaste excesivo.

            Dentro de las violaciones a los Derechos Humanos, se presentan abusos frecuentes como cateos ilegales, agresión física, ataque con arma de fuego en los retenes y las detenciones arbitrarias. Las estadísticas son contundentes, el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las dependencias federales encargadas de seguridad pública y nacional han ido en aumento. Las fuerzas de seguridad nacional y de seguridad están en una lucha contra el narcotráfico. Las quejas ante la Comisión van desde tortura, retención ilegal, abuso de autoridad, hasta privación de la vida y otras.

Uno de estos últimos casos, estremeció a la sociedad cuando la noche del 05 de septiembre de 2010, mataron los elementos militares a un menor de edad y su padre e hirieron a otros de la misma familia, cuando los uniformados dispararon contra un automóvil donde viajaban en los carriles de circulación norte a sur de la carretera Monterrey-Laredo, entre el libramiento noreste y la carretera a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca en el Estado de Nuevo León (ver, http://www.milenio.com/node/523243, fecha de consulta 17 de septiembre de 2010). No obstante, no es el único caso en que los militares han agredido a los ciudadanos con el objetivo de detener la criminalidad en el país, pues  son continuos los agravios que sufren los individuos por los elementos de la fuerzas armadas en su lucha contra el narcotráfico.  

Los elementos militares, al no tener el entrenamiento para realizar actividades de prevención y combate a la delincuencia en las calles de las ciudades, provoca dos problemáticas graves que se aprecian diariamente en la lucha contra las drogas.

·         Primero, los elementos de la fuerzas armadas son visiblemente superados por las operaciones de las organizaciones delincuenciales, toda vez que no operan con sistema de inteligencia, que los lleven a dar golpes certeros a la delincuencia, lo que orilla a que sus operaciones se limiten  a intimidar sólo acciones grotescas y visibles de los criminales.

·         Segundo, la falta de preparación para realizar actividades policiales, lleva a los elementos castrenses a violentar continuamente los derechos humanos, pues desconocen los procedimientos especiales que deben llevarse a cabo en la investigación y detención de los delincuentes, dejando a la población en una flagrante desventaja ante los militares en lo que respecta a la defensa de sus derechos, pues aún como se dijo anteriormente, si bien la gran parte de la sociedad respeta y apoya al ejército mexicano por su heroísmo y ayuda que presta en situaciones de catástrofes naturales y combate al narcotráfico, también es cierto que se ve impedida moralmente para hacer valer sus derechos humanos.

Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humano juega un papel fundamental en lo que respecta a las violaciones que hoy se suscitan por las actividades de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, pues este organismo, es quien inicialmente recibe las quejas por parte de los particulares, quienes se ven afectados en sus derechos por las acciones del Ejército y a su vez inicia las investigaciones correspondientes a dilucidar si existe violación o no.

No obstante, diversas organizaciones civiles en defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la Comisión Nacional por su falta de intervención en los asuntos que se interponen ante ese organismo, pues resulta que si bien realiza las investigaciones hasta de manera exhaustiva, las recomendaciones son ineficaces para la reparación de los daños y el resarcimiento de los derechos violados.

Pues, si bien en los casos que surgen violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, la Comisión Nacional emite una recomendación dirigida a las fuerzas armadas en el sentido de que se realicen las investigaciones por parte del Ministerio Público Militar, así como darle vista al Órgano Interno de Control a efecto de sancionar al militar involucrado, no obstante, las investigaciones y su resultado, están a cargo de las fuerzas castrenses; lo que pone en duda su legitimidad y lo que por lo regular no termina en una sanción y reparación del daño al quejoso.

Finalmente, a través de diferentes acciones internacionales, actualmente se ha reducido el fuero militar. No obstante, continúa el Ejército realizando acciones policiales como patrullajes policiales que les corresponde a las autoridades civiles. A la fecha, el sistema militar sigue usándose para actividades que le corresponden al fuero común, como es el narcomenudeo, permitiendo abusos más atroces contra la población civil, como asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, sin que exista un órgano que pueda proteger de manera eficaz en acción de prevención, a la sociedad de las violaciones por parte de las fuerzas armadas.

                                                 Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.
migueljuris@hotmail.com

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Los delitos impunes de la Sección XXII en Oaxaca

Oaxaca, México (El Inquisidor).- Ante la detención de la líder vitalicia del SNTE, acusada de un desvío millonario de los recursos del sindicato para beneficio propio, cabe preguntarse, ¿Cuándo caen los líderes de  la Sección XXII en Oaxaca?
Según los datos del Índice de Desempeño Educativo Incluyente, Oaxaca se encuentra en el penúltimo lugar nacional, solamente Michoacán lo supera ocupando el último lugar. Estos dos estados se encuentran en la clasificación de “inexistente” educación y los dos para  variar forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la ( CNTE).
El sistema educativo fallido en Oaxaca, ha sido duramente cuestionado, el Estado de Oaxaca se encuentra entre los últimos lugares, la Sección XXII se ha empeñado a perpetuarse en estos lugares, a través de sus acciones vandálicas.
El derecho a la educación, es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido proclamados por la Organización de las Naciones Unidas como fundamentales desde hace aproximadamente 60 años.
El citado derecho no ha sido respetado por la Sección XXII, a través de sus paros de labores han atacado directamente a la educación Oaxaqueña por varias décadas, dejando al Estado de Oaxaca en educación pública en los lugares más bajos de la nación, comparándolos con la educación impartida en los lugares más pobres de África.
Esta violación a los derechos humanos de la niñez y juventud oaxaqueña encuentra su coparticipe en los gobiernos pasados y actuales, que acceden a sus peticiones y caprichos de un sindicato corrupto y que solo ve los intereses de sus dirigentes.

Las acciones que realiza este sindicato para coaccionar a los gobiernos y así accedan a sus peticiones, son delitos del orden federal. Los paros, toma de calles, pintas, marchas, plantones que realiza la Sección XXII actualizan hipótesis contenidas en Código Penal Federal y Estatal.
El pasado 4 junio de 2012 la Sección XXII bloqueó los depósitos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), instalados sobre la carretera Istmo, cerca de la entrada del Municipio Rojas de Cuauhtémoc, estas acciones encuadran perfectamente con la conducta de SABOTAJE planteada en el artículo 140 del Código Penal Federal:

“Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”.

La Sección XXII se ha valido de delitos para poder coaccionar a los gobiernos, los Oaxaqueños acusan a la Sección XXII de daños, perjuicios, afección, destrucción parcial o total del funcionamiento adecuado de las vías de comunicación, de los medios de transporte, servicios auxiliares, bienes y equipos de telefonía, radiodifusión o televisión. La realización de las conductas citadas recae en la comisión de un delito federal en Materia de Vías Generales de Comunicación y Correspondencia.

La penalidad de este delito puede llegar hasta los 30 años de prisión dependiendo el caso, y pueden denunciarse ante la Procuraduría General de la República.

La Sección XXII se ampara en el argumento, de que ellos ejercen su derecho de libre manifestación, sin embargo este derecho encuentra su límite cuando afecte a terceros, y en este caso ya no es el ejercicio de un derecho, si no la comisión de un delito federal.

En ámbito Estatal se encuentra dentro del Código Penal del Estado de Oaxaca en su artículo 168 bis, plantea la hipótesis que diariamente vive la Capital del Estado de Oaxaca, y que afecta directamente a jóvenes, trabajadores que diariamente acuden a sus lugares de trabajo o de aprendizaje, pero lamentablemente no pueden acudir a ellos, por la prepotencia con la que actúa un magisterio que quiere imponer su razón a través de delitos y ataques a la población que tanto los ha criticado.

Este artículo abre pauta para poder ejercer acción penal en contra de cualquier organización o sindicato que plantee para llegar a sus objetivos la toma de vehículos de motor.

ARTÍCULO 168 Bis.- Al que se apodere de uno o varios vehículos de motor destinados al servicio público o interrumpa o lesione el servicio a que están destinados, sin intención de apropiarse de ellos, se le aplicará sanción de uno a seis años de prisión y multa de mil a cinco mil pesos.

La población en general, pero específicamente aquellos que les afecta de manera directa las acciones (hoteleros, restauranteros, y demás comerciantes) que tome la Sección XXII, podrían exigir los daños y perjuicios ocasionados por las acciones ilegales de este sindicato, y de esa manera recuperar aquellas ganancias que no fueron percibidas.

La aplicación de la ley debe ser igual para todos, y si Elba Esther Gordillo fue detenida por delitos de índole federal, por consecuente los líderes de la Sección XXII deben de ser enjuiciados por delitos que atentan en contra de las vías de comunicación de manera federal y estatal respectivamente, y no gozar de fueros por el simple hecho de pertenecer a una asociación gremial que ha sido caracterizada por chantajear a los gobiernos estatales.

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Los “sobre-vivi-entes” de la “demo-cracia” mexicana, por Enrique Puente Gallangos

Enrique Puente Gallangos : @kelsenje

¿Vivientes? o ¿sobrevivientes? de la democracia mexicana. Tal vez responder la pregunta de Alain Badiou: “¿QUIÉN ESTÁ HOY VERDADERAMENTE VIVO?” podría servirnos de referencia.

Néstor Braunstein dice que: “La vida, definida como el conjunto de las tendencias que resisten a la muerte, es según se ha visto la sobrevivencia”. ¿Quién está hoy verdaderamente vivo? El sobreviviente.

Los mexicanos en las pasadas 6 elecciones presidenciales hemos muerto democráticamente y somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes de la democracia mexicana. Estas muertes simbólicas podríamos llamarlas “traumas” en las que podíamos decir que debíamos haber muerto pero no lo hicimos; luego entonces de esta muerte simbólica somos sobrevivientes. Trauma que divide un antes y un después de cada una de esas elecciones.

Sobreviviente que sigue hablando, pero no es el mismo que antes, sobrevivientes con el mismo nombre y apellido que no podrá volver a ser. Sobrevivientes con las mismas carencias y con las mismas faltas. Es un “sobre” un sobre sin mensaje, un sobre vacio. Es un muerto viviente, es un fantasma, es un “ente” un ser imaginario. En muerto que “vive”, que es un “sobre” vacío, que es un “ente” imaginario. Es un “sobre-vivi-ente” de los procesos democráticos fallidos en México. “Demo” pueblo, “cracia” fuerza; las democracias significan un pueblo fuerte, un pueblo unido. Pero en México la democracia está “traumatizada” está dividida.

No hay un pueblo unido, el pueblo no tiene fuerza. México tiene una “demo-cracia”. Somos los “sobre-vivi-entes” de la “demo-cracia” mexicana. El contrato social ha perdido su validez, los testigos de ese contrato son hoy un testigos lastimados por la democracia: Un testigo que al paso del sexenio intenta olvidar el trauma de la pasada elección, un testigo lastimado que reprime los real que lastima. Un testigo que no es el mismo que antes pero sigue teniendo el mismo nombre y apellido. Un testigo que se resiste a admitir que murió, que ya es otro y que sigue siendo el mismo. Un testigo que no se reconoce en el espejo y por ello deja de mirarse.

Sobres vacíos que intentan ser llenados por el Otro, el Otro con O mayúscula que vació el sobre, que dividió al pueblo, que debilitó al pueblo, que traumatizó al pueblo. El Otro ahora intenta llenar las esperanzas del testigo, intenta saciar el deseo del testigo con nuevas promesas; el Otro que provoca al testigo, que provoca al sobre-vivi-ente para que vuelva a verse en el espejo. El espejo de la Ley y del derecho. El Otro que promete y repite el discurso. Discurso sostenido en las leyes, leyes que ellos mismos hacen. Si el Otro repite sus promesas, siembra nuevas esperanzas.

Por qué no volver a preguntarnos: ¿QUIÉN ESTÁ HOY VERDADERAMENTE VIVO? El Otro con mayúsculas. El pueblo, el testigo, el sobre-vivi-ente, el que ya se mira en el espejo; está dividido, esta partido, está en proceso de duelo. Pero aun está ahí en la escena.

Enrique Puente Gallangos es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional, Maestro en Psicoanálisis, Especialista en Psicoanálisis para Niños y Adolecentes y Master en Psicoanálisis y Prácticas Socio-educativas en FLACSO Virtual Argentina. Estudia el Doctorado en Derecho en CIJUREP, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es además catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

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Los cabecillas que necesita Peña Nieto para una verdadera legitimación

El derecho es la fuerza que usa el Estado para hacer valer sus intereses, lo sucedido hace algunos días con la detención de Elba Esther Gordillo.

Son cuestionables las declaraciones del Procurador General de la República al decir que esta detención no tiene nada de político, una detención que se realiza después de haberse sido promulgada una Reforma Educativa, que según el SNTE ataca gravemente a la educación pública.

Sin embargo la presidenta vitalicia del SNTE acusada de un desvío de fondos por 2 mil 600 millones de pesos, los cuales según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República, estos recursos desviados fueron usados para pagar una tarjeta de crédito de la tienda Neiman Marcus, de igual manera se presumen que los recursos desviados fueron utilizados para garantizar los gastos de Elba Esther Gordillo en clínicas de belleza, tiendas departamentales y galerías de arte.

Este “lavado de dinero” se realizaba a través de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y Lienchtensien.

Sin embargo, estas acusaciones solamente se centran en la punta del iceberg, ya que esta investigación se centra en declaraciones fiscales realizadas entre los años 2009 y 2012, en los cuales comprobó 1.1 millones de pesos,

¿Por qué la Procuraduría General de la República, no investiga los 24 años que ha estado Elba Esther Gordillo?

A través de esta pregunta puede determinarse que el show realizado por el Estado, tiene tintes políticos, a través de los cuales el actual Presidente de la República Enrique Peña Nieto quiere adquirir su legitimidad que ha sido duramente cuestionada por la opinión pública.

Sin embargo el actual presidente necesita más que esto para que obtenga esa aspiración, si bien la detención que realiza el Estado de una líder sindical la cual  ha sido parte del deterioro de la educación en México, a través de los años los gobiernos pasados se han sometido y cumplido los berrinches, lujos y demás peticiones de la lideresa.

El cumplimiento de la ley no debe someterse a intereses de poderosos, faltan muchos que deben pasar por las manos de la justicia para que Enrique Peña Nieto obtenga esa legitimidad.

Diferentes figuras de la política han realizado el mismo daño que Elba Esther Gordillo, como ejemplo esta Ulises Ruíz Ortiz, acusado por los Oaxaqueños por el quebranto y endeudamiento del Estado de Oaxaca por más de mil millones de pesos, junto a esto se agrega los delitos de lesa humanidad, realizada en el año 2006, en relación del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero se ha comprobado los numerosos lujos que se ha dado como líder sindical, uno de los últimos escándalos se centra en la adquisición de un automóvil de la marca Italiana Ferrari, el auto de edición limitada Enzo Ferrari  tiene un costo de dos millones de dólares, aproximadamente veinticinco millones de pesos.

En Tabasco Andrés Granier, quienes enfrentan una investigación por desfalco y enriquecimiento público por un monto de 900 millones de recursos federales para programas sociales y  17 mil millones de deuda pública contratada con bancos.

Por otro lado en Coahuila, Humberto Moreira ex gobernador de este Estado, según los datos de la Auditoria Superior de Coahuila   dejó una deuda en aquel Estado de aproximadamente 28 mil 184 millones  500 mil pesos, sin embargo este sujeto podría recibir como premio ser embajador de México en Cuba, en estos momentos se encuentra estudiando una maestría en Barcelona, luego de que el ex Gobernador tramitara una beca con el SNTE.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México en el periodo 2006-2012, realizó una “guerra fallida” en contra del crimen organizado, la cual dejo aproximadamente 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos y millones de “daños colaterales” como él los denominaba, dejando a México un periodo de inseguridad, psicosis y muerte.

Estos son algunos ejemplos de los cabecillas que necesita Enrique Peña Nieto, para ganarse la confianza del pueblo mexicano, que ha sido víctima de gobernantes sin escrúpulos que solamente llegan a ser servidores públicos para enriquecerse con el presupuesto que les otorga el Estado, dejando a sus gobernados en el ostracismo, y al país en una de sus mayores crisis económicas, sociales, políticas y de seguridad en su historia.

Enrique Peña Nieto tiene la oportunidad de pasar al historia como aquel que le dio la justicia que tanto anhela el pueblo de México, o ser solo un monigote más de los intereses políticos de aquellos que controlan los  hilos en la alta burocracia y burguesía mexicana.

Sin embargo, es un buen comienzo por parte de Enrique Peña Nieto, a través de la cual demuestra la fuerza que trae su gobierno, y en tres meses de su mandato logró lo que en 24 años no pudieron hacer cuatro presidentes.

A pesar de este logro político, no debe de quedarse en una sola detención, y debe de ir adelante para obtener la legitimidad de su gobierno. 

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Cifras negras en México, El Congreso Malinchista, y el “Estado Colapsado”

Uno de los fines más importantes del Estado es la protección de la integridad personal de sus habitantes, sin embargo, México ha incumplido totalmente esta obligación, en nuestro país la inseguridad está presente en cada esquina del país

El sistema mexicano de justicia está caduco, la población mexicana enfrenta índices históricos de crimen y violencia.

Según  los números del Centro de Investigación y Desarrollo, A.C (CIDAC), del 100% de delios cometidos, 20 % de esos llegan a ser investigados, de estos delitos denunciados, 9 % llegan a un juez y solamente 1% llegan a ser castigados, estas cifras representan que la administración de justicia en México está por los suelos, la corrupción que invade a las instituciones hace que la población no crea en sus fines y esto nos lleva a un punto importante, sobre la falta de denuncia por parte de la población.

El porcentaje de delitos que no se  denuncian (cifras negras), el promedio nacional es del 83 % de los delitos cometidos, es decir de 100 delitos que se cometen 80 no llegan a ser denunciados a la autoridad competente, Oaxaca es el Estado que encabeza esta lista con un porcentaje del 92.2 % , seguido por Michoacán con un 91.1 %, y en tercer lugar se encuentra Chiapas con 90.7 %, el Estado con el menor índice de cifras negras es Tamaulipas con 68.2%, estas cifras reflejan la desconfianza que la población civil tiene a las autoridades que imparten la justicia. Los habitantes de México, comentan que a pesar que realicen sus denuncias, los “delincuentes” tienen convenios con la autoridad, y de esta manera se libran de la justicia de las leyes.

En relación de lo anterior, según los datos del Centro de Investigación y Desarrollo, establece las siguientes causas por las que la población no denuncia:

Desconfianza a la autoridad.

Por actitud hostil de la autoridad.

Por miedo al agresor.

Por miedo a que lo extorsionaran.

Tramites largos y difíciles.

Los hechos violentos que suceden a lo largo del país, es muestra que el Estado no garantiza su obligación de protección, uno de los casos más relevantes en los últimos días, es la violación de  ciudadanas españolas y una mexicana  en Acapulco, lo que abrió una polémica que llegó a las cúpulas legislativas, en donde el Senado se pronuncio y exigió la “adecuada” atención para estas turistas españolas.

En México cada cuatro minutos una mujer es violada según los datos de la Secretaria de Salud, de esta manera la exigencia por parte del Senado es una falta de respeto para todas aquellas mujeres que han sido sometidas a este tipo de delito en el territorio nacional, por el simple hecho de no ser europeas, no se les administró una justicia rápida y expedita.

En el mismo Estado de Guerrero han comenzado a surgir movimientos sociales denominados como “policías civiles”, los habitantes se han organizado para poder proteger sus comunidades de ciertos grupos criminales.

Algunas posturas señalan que estas agrupaciones de ciudadanos van en contra de las leyes, otros señalan que es una derecho protegido por la Constitución, sin embargo la creación de este tipo de “policías”, es el reflejo de la inseguridad que vive el país, las corporaciones policíacas no otorgan la seguridad a la población, y la única manera de poder defenderse de grupos criminales, es a través de la creación de este tipo de  “policías”, mencionan así los pobladores de estas comunidades.

¿Se puede hablar de un “Estado Fallido” en México?

La realidad muestra un conjunto de instituciones al borde del colapso, junto a este se añade la falta de credibilidad de la población a las mismas,  las contantes violaciones a los derechos  humanos a los habitantes del país por las corporaciones policíacas  y en casos la fuerza militar, la falta de aplicación de la ley, y la constante impunidad en la aplicación de la justicia, hace pensar que México se encuentra al borde de un colapso social.

El concepto de “Estado Fallido”, significa la negligencia del Estado para asegurar su función principal, como lo define Max Weber; “tener el monopolio legítimo de la violencia política”.

 “Estado Fallido”, contempla diferentes suceso políticos, ya sean guerras civiles, inoperancia absoluta del gobierno, guerras con el exterior, existencias de guerrillas que disputan el control territorial y la ausencia absoluta del Estado de derecho.

William Easterly y Laura  Freschi realizan una crítica al concepto de “Estado Fallido”, mencionan que este término es confuso, no ha producido alguna investigación relevante en economía política, no tiene concepto definido y el único concepto coherente no aporta nada para entender la conducta del Estado.

Sin embargo México no se encuentra catalogado como “Estado Fallido”, en el índice de Fund for Peace sobre Estados fallidos esta en el lugar 98 de 177 países, considerado en “Estado en emergencia medio”, con un puntaje de 73.6 de 120.

La realidad y la estadística es diferente, y México podría fácilmente acomodarse dentro la rama de “Estado Colapsado”, la definición de “Estado Colapsado” contempla las siguientes características , no pueden mantener el monopolio legitimo de la fuerza y no exista un nivel de funciones del Estado para el ciudadano, como lo es promover la identidad jurídica, seguridad física.

La falta de aplicación de la ley, la violación de derechos humanos en el territorio nacional, muertes, una democracia dudosa, es el pan de cada día en México,  y ni con cualquier cambio de gobierno, parece que se resuelva.

La corrupción que se ha arraigado a las instituciones mexicanas, es la causa de la creación de este “Estado Colapsado”, en donde los mexicanos y los habitantes del territorio nacional son las únicas víctimas de esta negligencia del Estado Mexicano.

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Telcel, viola la seguridad y privacidad de los datos personales de sus clientes.

Los usuarios de la compañía telefónica celular Telcel, se quejan de los malos servicios otorgados por esta, sin embargo, una de las quejas más frecuentes de sus clientes es la manera de cobranza, y las estrategias de acoso que practican para lograr su cometido.

Las personas que tuvieron  o tienen algún servicio de la mencionada compañía, denuncian el acoso que han sufrido, la violencia al momento de solicitar los pagos, la falta de tacto al hablar con el cliente, y  junto a esto la prepotencia de los “cobradores”, por un servicio que ha sido criticado al pasar de los años y que no ha mejorado

Sin embargo una de las técnicas que viola derechos humanos, es aquella que practica la agencia de cobranzas de la compañía Telcel ya que esta se comunica con los contactos de la línea del cliente moroso, esta forma se basa en exhibir, avergonzar, denigrar a la persona creándole un daño moral, desde el punto de vista jurídico, y de igual manera este se puede incluir el daño psicológico que le es causado a la persona por la compañía.

Uno de los puntos importantes es que la compañía Telcel viola claramente los postulados encontrados en la Constitución, tratados internacionales y leyes de carácter federal (Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vela por la dignidad de los mexicanos y de todos aquellos que se encuentre en territorio nacional, dentro del artículo primero en el párrafo quinto establece claramente que está prohibida toda discriminación que afecte la dignidad de la persona, y que menoscabe derechos de la misma . (“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas “)

Las acciones que realiza la compañía de cobranzas de Telcel, tienen un claro objeto de afectar en si la dignidad de la persona morosa para que así este realice el pago de la deuda, sin embargo esta forma de cobranza va en contra de disposiciones constitucionales.

Partiendo de la base del artículo 1ª y 133ª Constitucional en el que da pauta para la aplicación de tratados internacionales conforme a los preceptos que encierran estos artículos, bajo esto se compara la actuación de la empresa Telcel , al momento de realizar los cobros a sus clientes morosos, se viola claramente la dignidad de los mismos, Derecho Humano que está protegido en los diferentes Tratados Internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, como ejemplos de la misma se tiene lo que contempla el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos ( “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”)

De igual manera en la misma declaración dentro de su artículo 22 hace mención al respeto a la  dignidad, y de sus derechos sociales que como ser humano tiene ( “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”)

Dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación Racial en el artículo primero hace mención a la dignidad de la persona ( “La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.”)

De esta manera se entiende que la dignidad humana es violada por la forma  de solicitar los pagos por la compañía de cobranzas de Telcel.

Desde el punto de vista Nacional existen disposiciones que protegen la dignidad y la moral de la persona, en el artículo 1916 del Código Civil Federal se encuentra la figura jurídica denominada como “Daño Moral”, el cual no establece lo siguiente “Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.”

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente

Código.”

Bajo esto una persona podría reclamar el daño moral que se ha producido en su contra por las actuaciones de Telcel, ya que mediante esos hechos se está produciendo un daño a su integridad física y de igual manera psíquica de las personas.

Al momento que la compañía de cobranzas de Telcel realiza llamadas a los contactos de los clientes morosos está violando disposiciones contempladas en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Conforme a la citada ley, en su artículo séptimo párrafo tercero hace referencia a la manera en que se trataran los datos personales otorgados a particulares “En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.”

Bajo esto se entiende una completa a la privacidad de los datos personales cuando la compañía Telcel realiza llamadas a terceros para que se enteren de la situación financiera de los clientes morosos, y como ya se dijo es una clara violación a la dignidad humana.

Si bien el desconocimiento de la población de los medios legales para contra restar aquellas acciones que violen derechos humanos realizadas por empresas nacionales o multinacionales, es uno de las causas por que estas mismas siguen realizando este tipo de actos ilícitos que afectan los derechos de las personas.

Sin embargo la autoridad teniendo el conocimiento de estas acciones, no realiza nada para que no se realicen, ya que es uno de sus aliados patrimoniales.

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