Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.
Actualmente,
en México se encuentran las fuerzas armadas patrullando las calles de las
principales ciudades del país. Las quejas contra el Ejército mexicano por
violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en el sexenio del Gobierno de
Felipe Calderón. Lo anterior tiene lugar en el marco de un incremento drástico
del uso del Ejército para el combate al narcotráfico (véase, http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp).
Haciendo una reseña histórica breve, en
1995 las Secretarías de la Defensa y de la Marina se integraron al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, tras la aprobación de las Bases de la
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello el Gobierno
dio un paso decisivo hacia la militarización del país; a partir de ese momento
los altos mandos castrenses contarían con un marco jurídico a modo para hacer
valer su voz en las decisiones de Estado relacionadas con la seguridad,
entendida ésta como una peculiar confusión entre la seguridad pública, la
seguridad nacional y la seguridad interior.
La política del sexenio de Zedillo en la
materia lo representó la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), cuyo
mando fue asumido por un militar en activo, quien incorporó más de 5000
elementos castrenses a ese cuerpo civil en una de las primeras medidas de su
gestión. En aquel tiempo se insistía en que el Ejército sería la respuesta
frente a la creciente degradación de las instituciones civiles de seguridad y
de procuración y administración de justicia.
La misma Suprema Corte de Justicia de la
Nación se pronunció en relación a las actividades del Ejercito en materia de
seguridad pública, estableciendo que
La interpretación
histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar
que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles,
cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta
razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en
materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la
participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de
las Secretarías de la
Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los
artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra
el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89
constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la
seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de
suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el
artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que
no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se
agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano
sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. (Las
tesis jurisprudenciales relacionadas con dicha acción pueden ser consultadas en
el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 2000).
Cabe recordar que dentro del sexenio de
2000- 2006 se presentaron diversos escándalos que concluyeron en procesos
penales en contra de distintos militares por su colaboración con el narcotráfico.
Uno de los más actos de corrupción más sonados fue el que se publicó el 14 de
octubre de 2002, cuando el General Clemente Vega entonces Secretario de la
Defensa Nacional, anunció la desarticulación del 65º batallón de infantería,
compuesto por unos 600 miembros del ejército, ubicado en Guamúchil, Sinaloa,
dado que éstos, se les relacionaba con el tráfico de drogas en el país.
Aún
a pesar de esto, el Gobierno de Felipe Calderón profundizó esta tendencia en el
contexto de búsqueda de legitimidad política que siguió a las elecciones de
2006. Los operativos no han sido la única expresión de militarización adoptados
por el actual gobierno. A inicios de la administración se decretó un aumento en
los salarios de los elementos castrenses; con lo que se entendió como una
estrategia para la legitimación presidencial.
En ese sentido, el Ejecutivo Federal
decretó el 09 de mayo de 2007 la creación de un cuerpo especial del Ejército y
la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Según quedó
establecido en el Decreto de referencia, este nuevo grupo de élite quedaría
bajo las órdenes directas del Ejecutivo Federal y sería destinado para “el
manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y
la seguridad pública” (Véase decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del
Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, de
fecha 9 de mayo de 2007).
Todo el sexenio pasado se caracterizó por
la activa presencia del Ejército en tareas civiles. A la luz del marco
constitucional que nos rige y teniendo en cuenta el papel histórico de las
Fuerzas Armadas, nos conllevó a riesgos preocupantes y consecuencias nocivas. Algunos
especialistas han observado, el creciente involucramiento de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública implica la concesión de prebendas y
prerrogativas al Ejército por parte de los gobiernos civiles, a efecto de
atemperar las inconformidades que puede generar un desgaste excesivo.
Dentro
de las violaciones a los Derechos Humanos, se presentan abusos frecuentes como
cateos ilegales, agresión física, ataque con arma de fuego en los retenes y las
detenciones arbitrarias. Las estadísticas son contundentes, el número de
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las
dependencias federales encargadas de seguridad pública y nacional han ido en
aumento. Las fuerzas de seguridad nacional y de seguridad están en una lucha
contra el narcotráfico. Las quejas ante la Comisión van desde tortura, retención ilegal,
abuso de autoridad, hasta privación de la vida y otras.
Uno de estos últimos casos, estremeció a la
sociedad cuando la noche del 05 de septiembre de 2010, mataron los elementos
militares a un menor de edad y su padre e hirieron a otros de la misma familia,
cuando los uniformados dispararon contra un automóvil donde viajaban en los
carriles de circulación norte a sur de la carretera Monterrey-Laredo, entre el
libramiento noreste y la carretera a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca en
el Estado de Nuevo León (ver, http://www.milenio.com/node/523243,
fecha de consulta 17 de septiembre de 2010). No obstante, no es el único caso
en que los militares han agredido a los ciudadanos con el objetivo de detener
la criminalidad en el país, pues son
continuos los agravios que sufren los individuos por los elementos de la
fuerzas armadas en su lucha contra el narcotráfico.
Los
elementos militares, al no tener el entrenamiento para realizar actividades de
prevención y combate a la delincuencia en las calles de las ciudades, provoca
dos problemáticas graves que se aprecian diariamente en la lucha contra las
drogas.
·
Primero,
los elementos de la fuerzas armadas son visiblemente superados por las
operaciones de las organizaciones delincuenciales, toda vez que no operan con
sistema de inteligencia, que los lleven a dar golpes certeros a la
delincuencia, lo que orilla a que sus operaciones se limiten a intimidar sólo acciones grotescas y
visibles de los criminales.
·
Segundo,
la falta de preparación para realizar actividades policiales, lleva a los
elementos castrenses a violentar continuamente los derechos humanos, pues
desconocen los procedimientos especiales que deben llevarse a cabo en la
investigación y detención de los delincuentes, dejando a la población en una
flagrante desventaja ante los militares en lo que respecta a la defensa de sus
derechos, pues aún como se dijo anteriormente, si bien la gran parte de la
sociedad respeta y apoya al ejército mexicano por su heroísmo y ayuda que
presta en situaciones de catástrofes naturales y combate al narcotráfico,
también es cierto que se ve impedida moralmente para hacer valer sus derechos
humanos.
Ahora bien, la Comisión Nacional de los
Derechos Humano juega un papel fundamental en lo que respecta a las violaciones
que hoy se suscitan por las actividades de las fuerzas armadas en la lucha
contra el narcotráfico, pues este organismo, es quien inicialmente recibe las
quejas por parte de los particulares, quienes se ven afectados en sus derechos
por las acciones del Ejército y a su vez inicia las investigaciones
correspondientes a dilucidar si existe violación o no.
No obstante, diversas organizaciones
civiles en defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la
Comisión Nacional por su falta de intervención en los asuntos que se interponen
ante ese organismo, pues resulta que si bien realiza las investigaciones hasta
de manera exhaustiva, las recomendaciones son ineficaces para la reparación de
los daños y el resarcimiento de los derechos violados.
Pues, si bien en los casos que surgen
violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, la Comisión Nacional
emite una recomendación dirigida a las fuerzas armadas en el sentido de que se
realicen las investigaciones por parte del Ministerio Público Militar, así como
darle vista al Órgano Interno de Control a efecto de sancionar al militar
involucrado, no obstante, las investigaciones y su resultado, están a cargo de
las fuerzas castrenses; lo que pone en duda su legitimidad y lo que por lo
regular no termina en una sanción y reparación del daño al quejoso.
Finalmente, a través de diferentes acciones
internacionales, actualmente se ha reducido el fuero militar. No obstante, continúa
el Ejército realizando acciones policiales como patrullajes policiales que les
corresponde a las autoridades civiles. A la fecha, el sistema militar sigue usándose para actividades que le corresponden al fuero común,
como es el narcomenudeo, permitiendo abusos más atroces contra la población
civil, como asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales,
sin que exista un órgano que pueda proteger de manera eficaz en acción de
prevención, a la sociedad de las violaciones por parte de las fuerzas armadas.
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.
migueljuris@hotmail.com
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.
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